¿Quién paga la riqueza privada?

En todo sistema político donde el Estado adopta un ropaje intervencionista y sus funcionarios políticos tienen como objetivo primordial superar la desigualdad material a través de actos coactivos tendientes a distribuir más equitativamente las riquezas generadas y circulantes en una comunidad, las críticas no son pocas.

Este breve artículo tiene como finalidad aportar algunos puntos a la discusión del tema, resaltando la poca fortaleza de los argumentos liberales contrarios a la distribución y la injerencia del Estado.

Los argumentos

Las políticas públicas proyectadas por el Estado con la finalidad de redistribuir la riqueza existente en una comunidad entre los que menos poseen, son atacadas con frecuencia desde, al menos, dos argumentos. El primero puede ser denominado argumento valorativo y consiste en no aceptar el valor intrínseco de estas políticas, es decir, la solidaridad. Los defensores de este argumento afirman que la riqueza que cada uno posea es fruto del trabajo individual y no existe razón alguna para que el Estado vulnere el patrimonio de los ciudadanos con la finalidad de extraer de él un porción de riqueza y se entregarla a otro individuo. Como complemento a este argumento, se esgrime que todo individuo puede llegar a poseer riquezas siempre y cuando trabaje lo suficiente para lograrlas.

El segundo de estos argumentos puede ser llamado argumento originario. Usualmente sus defensores aceptan el valor subyacente en la redistribución, pero no aceptan que se realice a costa de vulnerar los patrimonios particulares. Usualmente presentan como alternativa realizar mejoras en el mercado de trabajo, generando más empleo, o aumentar el valor agregado de la fuerza de trabajo a través del mayor acceso a profesiones universitarias. Aceptan la finalidad, pero no el origen de los recursos necesarios para lograr el mentado fin. De ahí que el foco de tal argumento sea encontrar fuentes alternativas de financiamiento.

Ahora bien, ambos argumentos pueden ser resumidos a una misma postura ideológica con respecto a la relación Estado-desigualdad material: el liberalismo. En efecto, ésta postura político-económica afirma que el Estado debe abstenerse de injerir en la circulación “natural” de riquezas que se da entre los miembros de una comunidad, y contentarse con ser sólamente “juez y gendarme”. De otra manera, el Estado debe velar por los derechos individuales y dejar de lado a los derechos sociales puesto que su realización significa la vulneración del primer tipo de derechos (los individuales).

Dejaremos de lado el argumento valorativo puesto que es una discusión esencialmente política que reportaría un gran esfuerzo teórico. Además, el argumento originario prevalece, dentro de la opinión pública, por sobre el argumento valorativo, debido a que, son cada vez menos los que formulan sus críticas en clave de negación del valor de solidaridad. Por estas razones vamos abocarnos a contraargumentar a la postura originaria.

La circulación privada y el esfuerzo colectivo

La miopía del discurso liberal consiste en no ver que la concentración y circulación privada de la riqueza es también sostenida por toda la comunidad. En efecto, el problema de los costes es adjudicado, por el argumento originario, a la realización de los derechos sociales, mientras que perciben a la ejecución de derechos individuales como libre de costos. La realidad, es un poco diferente.

La circulación de bienes y dinero en una sociedad puede ser, al menos, de dos tipos: la circulación normal  la circulación patológica. La primera consiste en el cumplimiento voluntario de las obligaciones patrimoniales existentes (usualmente en un contrato, pero pueden recaer en un testamento, o en cualquier acto o hecho reputado por el ordenamiento como fuente de obligaciones patrimoniales), mientras que la segunda se refiere al cumplimiento coactivo de tales obligaciones, realizado por la amenaza de la coacción estatal o por la injerencia de ésta en el patrimonio del obligado.

Solamente la circulación normal de riquezas supone un costo cero o mínimo para la comunidad, puesto que descansa en la certeza del cumplimiento voluntario y por ende el caso no llegará al Estado para su resolución. No obstante, en la circulación normal el Estado interviene aunque de manera indirecta, a través del establecimiento de normas jurídicas que permitan tal circulación y que, en caso de incumplimiento, puedan ser invocadas por el acreedor en un proceso jurisdiccional para obtener el cumplimiento forzoso.

En el caso de la circulación patológica, al vulnerarse las normas antes mencionadas, podrá el acreedor acudir a las oficinas ejecutivas y judiciales del Estado para conseguir que lo que circuló “mal”, vuelva su cauce “natural” y “justo”. Y he aquí donde el argumento originario flaquea, puesto que el poner en funcionamiento la maquinaria del Estado reporta un costo determinado que será sostenido por toda la comunidad, incluido el acreedor.

Pero existe un escollo aún más difícil de superar para el argumento originario: la justificación de los cuasicontratos. Los cuasicontratos son actos voluntarios, lícitos y no convencionales que generan obligaciones patrimoniales unilaterales, debido a que operó un desequilibrio en la circulación normal del riquezas. En nuestro Código Civil (el uruguayo) están contenidos en los artículos 1308 y siguientes, y son: el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, y la gestión de negocios. No ahondaremos en las cuestiones dogmáticas de éstos institutos; sólamente es digno de resaltar que:

a. Estos institutos generan obligaciones que pueden ser reclamadas en los Tribunales

b. Significan una violación de la circulación normal de riquezas

c. No contienen incumplimiento de ningún convenio, por lo que no podemos clasificarlos como ejemplos de circulación patológica.

El fundamento económico de estos institutos es que la circulación de bienes sólamente se puede dar, en forma lícita, a través del respeto de la propiedad privada y los contratos. Si la actividad cuasicontractual reporta para su ejecutor algún beneficio no permitido por el sujeto perjudicado, éste último podrá reclamar ese desequilibrio coactivamente, mediante la ayuda del Estado. Los cuasicontratos son, entonces, el ejemplo perfecto de que el Estado está dispuesto a verter recursos colectivos en pos de defender la propiedad privada y la circulación normal de riquezas, aún ante la ausencia de algún tipo de incumplimiento contractual.

Conclusiones

Lo dicho hasta aquí puede arrojar las siguientes conclusiones:

a. La propiedad privada y la circulación normal de riquezas son objeto de especial tutela jurídica.

b. El Estado está dispuesto a utilizar los recursos públicos para defender intereses estrictamente privados.

c. Los liberales defensores del argumento originario,  pasan por alto este punto al momento de criticar las fuentes de financiamiento de las políticas sociales

d. La comunidad paga la realización de intereses privados, por lo que el argumento originario tiene poca solidez.

e. Será una cuestión de valoración y elección política el elegir entre la defensa colectiva de los intereses privados o la defensa colectiva de los intereses colectivos, o bien, lograr un sistema armónico que conjugue ambas defensas.

Sea cual sea la elección tomada, la misma deberá ser defendida argumentativamente, y como vimos, los argumentos liberales en contra de la defensa colectiva de intereses colectivos, flaquea por todas sus aristas.

 

 

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Una respuesta a “¿Quién paga la riqueza privada?

  1. Me ayudaría más con una explicación un poco menos abstracto, pero de todos modos me pareció bastante interesante el artículo

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